Somos organizaciones, colectivos y personas de base comunitaria que habitamos el archipiélago de Chiloé, todas interesadas en el cuidado del medio ambiente y que ante la actual contingencia en nuestra provincia manifestamos nuestra postura.
Las movilizaciones de los trabajadores, dirigidas por sindicatos y políticos, militantes de partidos políticos, junto con una estrategia comunicacional conocida como Fake News o noticias falsas, han mantenido en alerta a nuestras comunidades estos últimos días.
Para contextualizar, después de 10 años de tramitación, el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ayer fue rechazado un punto clave de este proyecto, donde no se permitiría el otorgamiento de nuevas concesiones salmoneras en áreas protegidas, esta disposición no afectaría el funcionamiento a concesiones ya existentes y que están operando dentro de estas áreas, en otras palabras, la Ley no sería retroactiva y las fuentes laborales que aquí se reclaman no corrían peligro, ya que la única finalidad era impedir que se instalen nuevos centros en estas áreas que son de especial cuidado ambiental.
Consideramos que existe una flagrante intencionalidad por tergiversar la información a los habitantes de estos territorios, con la intención de incidir en la aprobación del Art 158 del proyecto de ley, y desviar el foco de atención de la información asociada a las evidencias que exponen las organizaciones defensoras de DDHH y territorios, que cada vez con más frecuencia relacionan a la industria salmonera con malas prácticas dentro de los centros de cultivos productivos, entre las cuales se identifican: la sobreproducción, el vertimiento de mortandad al mar, la contaminación del fondo marino, la administración indiscriminada de antibióticos, la disminución de oxígeno en el mar, el creciente aumento de proliferación de algas nocivas; y las muertes de los buzos en faenas sin ningún tipo de investigación que resulte en encontrar la responsabilidad indemnizatoria desde las empresas titulares, más recayendo sobre las empresas contratistas que mercerizan los servicios y que no mantienen estándares de seguridad propios de las labores de riesgo, la precarización laboral y daños a la salud que afectan a sus mismos trabajadores.
Como organizaciones y personas de la sociedad civil, interesadas en la protección de la naturaleza, lamentamos una vez más que el miedo infundado haya traspasado a los tomadores de decisiones, y que una vez más se haya respetado los intereses empresariales sobre los derechos de la naturaleza. Desde las comunidades de Chiloé vemos con preocupación el estado actual de los ecosistemas deteriorados a causa de esta industria extractiva y sus desechos, ya que nosotros, los habitantes y la fauna marina del territorio, somos quienes conviven con las graves consecuencias
que estas causan.
Producto de este intervencionismo político empresarial, disfrazado de lucha social, hace que el proyecto de ley sea incongruente con el objetivo de protección para la biodiversidad en áreas que son altamente sensibles y que ponen en peligro los ecosistemas al exponerlos de manera permanente a los daños que estas empresas ocasionan.
Desde las comunidades defensoras de la naturaleza rechazamos profundamente el actuar de aquellos que se aprovecharon, difundieron información falsa y miedo en las comunidades, desde nuestro actuar seguiremos defendiendo y accionando para que los ecosistemas de nuestro territorio sean cada vez más protegidos y conservados.
